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«Pérdidas y daños»: un pilar en la agenda climática

Pérdidas y daños constituye un eje clave dentro de las negociaciones climáticas internacionales y alude a aquellos efectos adversos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación ni abordarse por completo a través de la adaptación. Abarca tanto pérdidas económicas, como impactos en infraestructuras, merma agrícola o gastos de reconstrucción, así como pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de comunidades, la desaparición de expresiones culturales, la pérdida de biodiversidad y la afectación de derechos territoriales.

Cómo se distingue de mitigación y adaptación

  • Mitigación: acciones orientadas a disminuir la liberación de gases de efecto invernadero y contener el aumento de la temperatura global.
  • Adaptación: iniciativas destinadas a minimizar la exposición al riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a efectos previstos, como la construcción de diques, el desarrollo de cultivos más resistentes y la implementación de sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: consecuencias residuales que persisten a pesar de los esfuerzos de mitigación y adaptación, así como afectaciones súbitas o irreversibles que no pueden compensarse por completo.

Tipos de daños y perjuicios

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de arrasar la infraestructura en cuestión de horas.
  • Procesos lentos: aumento del nivel del mar, desgaste de las zonas costeras, salinización, sequías prolongadas y una paulatina merma de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: gastos directos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos obligados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y afectaciones sociales profundas.

Situaciones y cifras que evidencian la problemática

  • Inundaciones en Pakistán (2010): alcanzaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en viviendas y cultivos; informes internacionales señalaron vastos grupos desplazados y daños valorados en miles de millones de dólares.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un alto número de fallecidos, arrasó infraestructura esencial y produjo impactos económicos estimados en miles de millones de dólares, además de un prolongado desafío humanitario.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): ocasionó la caída de servicios fundamentales y daños calculados en decenas de miles de millones de dólares según diversas evaluaciones; evidenció cómo los fenómenos extremos pueden originar crisis de salud pública y desplazamientos internos.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y reducción de tierra habitable, lo que obliga a planificar reubicaciones tanto nacionales como transnacionales.
  • Sequías y agricultura: en áreas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías continuas y plagas ligadas al clima reducen los ingresos agrícolas, intensifican la inseguridad alimentaria y estimulan movimientos migratorios.

Marco internacional y política

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el tema de las pérdidas y los daños ha figurado durante años en las negociaciones; en 2013 se creó el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el propósito de coordinar análisis y brindar apoyo técnico.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países acordaron establecer un fondo destinado a abordar pérdidas y daños, centrado principalmente en apoyar a las naciones en desarrollo que enfrentan impactos desproporcionados. Para ponerlo en marcha es necesario definir su modelo de gobernanza, las fuentes de financiamiento y los criterios de acceso.
  • Tensión política: continúa el desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo sobre si este respaldo debe entenderse como reparación, compensación o un gesto de solidaridad; algunos temen incurrir en responsabilidades legales mientras otros exigen justicia climática.

Valoración, asignación y reconocimiento del valor

  • Ciencia de atribución: permite determinar hasta qué punto el cambio climático generado por actividades humanas incidió en la recurrencia o intensidad de un evento extremo, ofreciendo sustento para decisiones de financiamiento aun cuando no siempre aporta conclusiones firmes en cada caso.
  • Valoración económica: cuantificar daños directos suele ser relativamente directo (infraestructura, producción), aunque calcular pérdidas no económicas —identidad, expresiones culturales o biodiversidad— presenta mayores complejidades y con frecuencia resulta insuficiente al convertirlas en montos monetarios.
  • Brechas de datos: los países con menor capacidad estadística afrontan barreras para medir impactos y justificar solicitudes de apoyo, lo que incrementa las desigualdades en el acceso a recursos.

Mecanismos de respuesta y financiamiento

  • Prevención y reducción del riesgo: inversión en infraestructura resiliente, planificación territorial, restauración de ecosistemas.
  • Mecanismos de seguro: pólizas nacionales, fondos regionales de seguros para desastres (por ejemplo, mecanismos en el Caribe y el Pacífico) que ofrecen pagos rápidos tras eventos extremos.
  • Financiamiento internacional: subvenciones, préstamos concesionales, reestructuración de deuda y el nuevo fondo de pérdidas y daños acordado en negociaciones globales.
  • Medidas innovadoras: propuestas incluyen impuestos sobre carbono, tasas sobre transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones voluntarias; cada opción genera debate sobre equidad y eficacia.

Retos prácticos y éticos

  • Equidad: aunque muchos países han contribuido mínimamente al calentamiento, suelen padecer sus impactos más severos; por ello existe una clara base ética para promover transferencias financieras del Norte global al Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la solicitud de compensar daños acumulados históricamente choca con la resistencia de algunos Estados a aceptar compromisos jurídicos y financieros.
  • Implementación operativa: se debe definir con precisión quién podrá acceder al fondo, cómo se fijarán las prioridades, de qué forma se garantizará la transparencia y de qué manera asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a las comunidades afectadas.
  • Pérdidas no asegurables: ciertos daños, como la desaparición de territorios insulares o la pérdida de identidad cultural, no pueden remediarse solo con recursos económicos; requieren soluciones políticas más amplias, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.

Buenas prácticas y propuestas

  • Combinar enfoques: prevención, preparación, seguros y financiamiento a largo plazo para cubrir tanto pérdidas económicas como inversiones en resiliencia.
  • Empoderar comunidades: incluir a pueblos indígenas y comunidades locales en diseño y ejecución de medidas para asegurar relevancia cultural y efectividad.
  • Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y seguimiento del uso de fondos.
  • Soluciones regionales: cooperar en fondos y compras de cobertura regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños ponen de manifiesto un momento decisivo: el cambio climático ya genera impactos que muchas comunidades no pueden revertir por cuenta propia. Enfrentar esta realidad requiere combinar la ciencia de atribución, políticas financieras equitativas, acciones para disminuir riesgos y una visión basada en derechos humanos que permita crear respuestas legítimas y eficaces para quienes afrontan las mayores adversidades.

By Adriana Sánchez

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